Las empresas de monocultivos, principalmente ingenios azucareros como El Pilar, están en el punto de mira del Consejo de Comunidades de Retalhuleu, una organización que defiende el territorio y los derechos humanos, en especial el acceso al agua, y que apoya una agricultura a pequeña escala.
Los pueblos ixil, mam y k’iche’ comenzaron a organizarse colectivamente con fuerza a partir de 2015, a consecuencia de los efectos adversos provocados por la expansión de las plantaciones de azúcar y su uso de agroquímicos y pesticidas a gran escala en el departamento.
En los últimos años, la caña de azúcar ha provocado la sequía y contaminación de pozos, ríos y lagunas, así como la destrucción de los medios de vida de las comunidades. La falta de acceso al agua va aparejada a la desnutrición y a graves problemas de salud.